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A la vista del escándalo que causaron los informes de la CIA sobre el uso de la tortura, Barack Obama optó ayer por bloquear la próxima desclasificación de fotos igualmente comprometedoras de algunos de los interrogatorios más enérgicos llevados a cabo en las cárceles secretas contra presuntos sospechosos de Al Qaeda, en un espectacular cambio de estrategia que despertó aún más polémica.

El mes pasado, la Casa Blanca, en un gesto de apertura y transparencia, autorizó la desclasificación de este material que debía hacerse público el próximo día 28.

Ayer optó por dar marcha atrás. “La publicación de estas fotos no añadiría nada a las investigaciones”, dijo Obama en unas breves declaraciones, “sólo encenderían los ánimos anti americanos”. El mandatario añadió que las imágenes eran parte “de casos ya cerrados” y no eran “especialmente sensacionalistas aunque sí representaban violaciones del código de conducta militar”, abusos, insistió Obama, “que son inaceptables y no se tolerarán”.

Los mismos argumentos esgrimidos antes por el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en un desesperado intento por mantener cierta consistencia en la postura del Gobierno. El presidente Barack Obama “considera que las fotos podrían perjudicar la seguridad nacional y ser una amenaza para las tropas”, dijo Gibbs, y “no añaden nada a las investigaciones pendientes”.

Obama, informó Gibbs, ha pedido a sus abogados que vuelvan a los tribunales para antes del 8 de junio, cuando acababa el plazo exponer en un nuevo recurso “estos nuevos argumentos”, al estimar que la publicación del material gráfico supondría “añadir sensacionalismo” a la labor del Departamento de Defensa que investiga los abusos.

Obama se reunió la semana pasada con el equipo encargado de coordinar el asunto y les contó sus inquietudes tras hablar con los responsables militares en Irak y Afganistán

Con el ambiente ya caldeado por la reciente desclasificación de los informes de la CIA, Washington quería evitar que se repitiera la polémica que generaron las fotos de la cárcel de Abu Ghraib en 2004.

La discusión parece haber sido muy intensa en la Administración. El mes pasado, el secretario de Defensa, Robert Gates, se mostró preocupado por las fotos y aseguró que sólo podrían generar más violencia entre los grupos terroristas.

La batalla se librará ahora en los tribunales. El pasado 23 de abril el Pentágono llegó a un acuerdo con la Asociación de Derechos Civiles (ACLU en inglés) que desde 2003 venía pidiendo la desclasificación de este material al amparo de la Ley de Libertad de Información, al igual que lo hiciera con los informes de la CIA.

Las fotos, 44 instantáneas procedentes de 66 casos investigados por el Pentágono y tomadas entre 2001 y 2006, muestran maltratos cometidos por soldados contra detenidos por terrorismo, aunque aparentemente no son tan brutales como las de Abu Ghraib.

En total, el Pentágono ha tomado medidas disciplinares contra 400 de los suyos, desde la detención hasta la simple reprimenda, por haber maltratado a prisioneros.

En las últimas semanas, Obama fue muy criticado por los conservadores y por el ex vicepresidente Dick Cheney, invisible cuando estaba en Washington, omnipresente en los medios desde que ya no ejerce el poder, por su política de transparencia.

En una carta conjunta, los senadores Joseph Lieberman y Lindsey Graham, próximos al ex candidato presidencial, John McCain, pidieron a Obama que no hiciera públicas unas fotos que sólo podían “contribuir a las operaciones de propaganda de Al Qaeda y dañar la imagen de nuestro país”.

Presionado por ambos bandos del espectro político, la decisión de ayer ha puesto a Obama en la paradójica situación de tener que proteger las prácticas cometidas por el equipo de su predecesor y de las que tanto quería desmarcarse.

La Asociación de Libertades Civiles criticó duramente el cambio de postura de Washington. “Estas fotos iban a demostrar que los abusos cometidos contra los prisioneros se llevaron a cabo de forma sistemática dijo Jameel Jaffer, director del proyecto de Seguridad Nacional de la organización “y crean una cultura de impunidad. Es imperativo que los oficiales que autorizaron este abuso de poder sean juzgados por sus actos”.

El próximo presidente de EEUU, Barack Obama, se ha puesto el cierre de la prisión en Guantánamo y el fin del uso de la tortura como unas de las metas a alcanzar antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2010, ha dicho en una entrevista con la revista Time.

Preguntado sobre cómo se podrá medir el éxito de su Administración dentro de dos años, Obama ha respondido que la medida será esta: “Si hemos cerrado Guantánamo de una manera responsable, hemos puesto un fin inequívoco a la tortura y hemos restaurado el equilibrio entre las exigencias de nuestra seguridad y nuestra Constitución”.

Reducción de tropas.

Los ciudadanos también podrán evaluar su trabajo al observar: “Si he reducido las tropas en Irak y si hemos fortalecido nuestros planteamientos en Afganistán, no solo en lo militar sino también en lo diplomático y en cuanto al desarrollo” económico.

“Si hemos podido reavivar las instituciones internacionales para hacer frente a los peligros transnacionales, como el cambio climático, que no podemos solucionar nosotros solos”, también se sabrá que habrá alcanzado una meta, según ha dicho a Times.

La revista publica la entrevista en su último número, en que nombra a Obama “la persona del año”.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que desconocía “absolutamente” el paso por España de aviones de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba) y que “nunca” habló “con nadie” ni participó en “ninguna reunión” sobre este asunto cuando formaba parte del Gobierno de José María Aznar.

En una entrevista en RNE recogida por Efe, Rajoy ha dicho que ha conocido este asunto después de salir del Gobierno y ha pedido que comparezcan en el Congreso los ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de Defensa, Carme Chacón, para que “las cosas queden claras” y “todo el mundo tenga tranquilidad”.

El presidente del PP ha insistido en que en la época del Gobierno de Aznar hubo dos vuelos de la CIA que hicieron escala en España, “pero es que luego -ha añadido- durante la época del Gobierno del señor Zapatero hasta en nueve ocasiones lo hicieron”. Ha recordado además que ayer la ministra de Defensa dijo “que todos los vuelos se hicieron legalmente y en base al convenio entre España y Estados Unidos”.

Preguntado sobre si ha hablado de este asunto con José María Aznar, el líder del PP ha dicho que no, aunque sí lo ha hecho con el ex ministro de Defensa Federico Trillo, quien le ha asegurado que son vuelos que se hicieron legalmente. Rajoy ha añadido que le cuesta mucho hablar de asuntos en los que no ha “participado” y desconoce, y que su obligación como líder de la oposición es pedir que haya mayor claridad y transparencia. Por ello, ha insistido en que los ministros de Exteriores y de Defensa deben comparecer en el Parlamento, porque, si hay dudas, lo mejor es la transparencia.

Ha exigido además que el Gobierno explique de dónde han salido los documentos publicados por los medios de comunicación porque “es un tema muy importante la filtración de documentos oficiales”.

Preguntado sobre si Aznar debería reconocer, como ha hecho el presidente de Estados Unidos, George Bush, el error cometido en Iraq por creer que había armas de destrucción masiva, ha recordado que el ex presidente del Gobierno ya lo ha hecho. “Creíamos que las había y por eso se actuó. Ha habido un error, un gravísimo error”, ha dicho Rajoy, que ha lamentado el fallo de los servicios de inteligencia, sobre todo británico y estadounidense, y ha deseado que no vuelva a suceder porque tiene consecuencias graves.

Un juez federal estadounidense ordenó el jueves la liberación de cinco argelinos, al reconocer que algunos de los presos de Guantánamo se encuentran detenidos de forma ilegal, en una decisión histórica desde la apertura de la cárcel militar a principios de 2002.

El juez Richard Leon estimó que “el Gobierno (estadounidense) había fracasado” en probar que los cinco hombres preveían viajar a Afganistán para combatir a las fuerzas estadounidenses y en consecuencia el tribunal debía “ordenar su liberación”.

Los cinco formaban parte de un grupo de seis presos argelinos que vivían en Bosnia cuando fueron arrestados a fines de 2001 siguiendo una orden de la embajada estadounidense en Sarajevo. El magistrado estimó no obstante que la detención del sexto preso sí era legal.

Estos presos son parte de un grupo de 250 detenidos que continúan en la base militar y se acogieron al ‘Habeas Corpus’, un instrumento legal que garantiza el derecho del preso a ser oído por el juez y a saber de qué se le acusa, a fin de evitar las detenciones arbitrarias. Las primeras audiencias ante un tribunal civil comenzaron a inicios de noviembre.

La sala de audiencias estaba casi repleta y la integralidad de los diálogos fue traducida simultáneamente a los seis detenidos en conexión directa telefónica con Guantánamo.

El Gobierno aseguró que tenía pruebas de que los seis hombres planificaban dirigirse hacia los campamentos de Al Qaeda en Afganistán cuando fueron arrestados en octubre de 2001, y la defensa aseguró por el contrario que fueron arrestados “por error”.

El sexto detenido, Belkacen Bensayah, de 46 años, también argelino y residente en Bosnia, no obtuvo sin embargo la liberación.

“El Gobierno estableció (…) que es probable que Bensayah hubiese previsto viajar a Afganistán” para combatir a Estados Unidos “y organizar el viaje de otras personas con el mismo objetivo”, lo que constituye un “apoyo directo a Al Qaeda”, según el juez.

Los abogados de Bensayen anunciaron que recurrirá la decisión.

Aunque el abogado Robert Kirsch declaró a AFP que fue “un gran día para la justicia estadounidense”.

Los abogados del Gobierno no comentaron por su parte la decisión de la justicia y tampoco anunciaron si la recurrirían.

El presidente electo de Estados Unidos, Barak Obama, anunció que cerrará el campo de detención que tanto ha deteriorado la imagen de Estados Unidos en el mundo.

Una decisión política podría terminar con las batallas jurídicas al dirimir la cuestión crucial de saber si el presidente de Estados Unidos puede mantener detenidos indefinidamente a hombres acusados de terrorismo, incluso si no han cometido actos reprensibles.

En este sentido, el veredicto del juez Leon es histórico, ya que a pesar de haber concluido la ilegalidad de ciertas detenciones, eligió una definición muy amplia de la noción de “combatiente enemigo” que comprende el simple “apoyo” a los talibanes o a Al Qaeda.

En la primera entrevista que concedió a un canal de televisión desde las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos prometió -entre otras cosas- cerrar el centro de detención de Guantánamo, en la isla de Cuba.

“He dicho reiteradamente que EE.UU. no tortura y me aseguraré de que no torturamos”, afirmó Obama.

¿Pero podrá él futuro ocupante del sillón presidencial pasar de las palabras a los hechos?

En término generales, la idea es abandonar los tribunales militares -aprobados por la Ley de Comisiones Militares de 2006- que funcionan en Guantánamo y reemplazarlos por un proceso judicial que se llevaría a cabo en EE.UU.

Al mismo tiempo, el gobierno tratará de encontrar países que estén dispuestos a recibir a los prisioneros que ya han recibido el visto bueno para su liberación.

El primero es un problema legal, el segundo, es de orden práctico.

Los problemas legales que acarrean los procesos contra las personas acusadas de cometer actos de terrorismo aún no han sido resueltos. Hay quienes sostienen que los prisioneros deberían sencillamente ser juzgados en tribunales estadounidenses normales.

Se estima que entre los aproximadamente 255 prisioneros que están en Guantánamo, unos 50 podrían ser sometidos a juicio.

El problema es que la evidencia en su contra pudo haber sido obtenida mediante coerción o incluso tortura, o a través de las agencias y servicios de inteligencia extranjeros que han empleado métodos similares.

Parte de esta evidencia podría ser admitida en un juicio ante un tribunal militar. También podrían admitirse “rumores”, en los que alguien declara lo que otra persona le dijo si es que el juez militar decide que este testimonio tiene “valor probatorio para una persona razonable”.

Khalid Sheikh Mohammed fue interrogado con el “método submarino” y hallado culpable.

Sin embargo, nada de esto es aceptable según las reglas de un tribunal estadounidense normal.

Khalid Sheikh Mohammed, por ejemplo, quien fuera hallado culpable en Guantánamo de ser responsable de los atentados del 9/11, fue sometido al “método del submarino” o “tormento de TOCA”, una controvertida táctica de interrogación que simula el ahogamiento.

Lea también: ¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed?

Es verdad que él expresó su deseo de morir, pero un tribunal civil en EE.UU. no admitiría evidencia contra Mohammed recopilada en Guantánamo.

¿Y entonces cuál será su suerte? Sería raro que sencillamente lo liberen.

También está el problema de si se le debe ocultar o no al prisionero la fuente que aportó parte de la evidencia.

Sistema híbrido

La idea que propuso uno de los asesores legales de Barack Obama, Laurence Tribe, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, es explorar la posibilidad de utilizar una mezcla de tribunales civiles y corte marciales.

“Tendría que ser una suerte de sistema legal híbrido, más que un tribunal ilegal”, dijo Tribe.

Creo que la respuesta será, que pueden estar tan bien vigilados en territorio estadounidense como en cualquier otra parte. No podemos poner a la gente en un calabozo para siempre sin determinar que merecen estar ahí

“Creo que la respuesta será, que pueden estar tan bien vigilados en territorio estadounidense como en cualquier otra parte. No podemos poner a la gente en un calabozo para siempre sin determinar que merecen estar ahí”.

Si el sistema híbrido que se está considerando no se distancia de los tribunales militares, será criticado con el argumento de que lo que se hizo fue sencillamente, trasladar Guantánamo a Estados Unidos.

Un sistema nuevo también sería analizado por los tribunales estadounidenses y si presentan el caso, es muy probable que llegue hasta la Corte Suprema para que decida sobre su constitucionalidad.

Es muy probable también que exista una oposición política y legal al establecimiento de cualquier sistema nuevo para tan pocos casos.

Problemas prácticos

Mientras tanto, está pendiente la pregunta de qué hacer con los prisioneros cuya liberación ya ha sido aprobada. También hay otro grupo que permanece en un limbo: aquellos contra los que no hay suficiente evidencia en su contra ni tampoco la confianza de que no tomarán el camino de la violencia.

A pesar de que EE.UU. ha hechos esfuerzos considerables, no ha logrado persuadir a los países de origen de los sospechosos que han sido declarados inocentes para que los reciban.

Con frecuencia, los prisioneros se oponen a sus propios gobiernos tanto como al de EE.UU. y son considerados una amenaza en sus mismos países.

Cinco organizaciones de derechos humanos han propuesto que aquellos prisioneros a los que sus propios países rechazan sean admitidos por los gobiernos europeos o por EE.UU.

Daniel Gorevan de Amnistía Internacional dijo que “el presidente electo Obama ha dicho que cerraría (Guantánamo). Otros gobiernos pueden contribuir a que esto suceda ofreciendo protección a los individuos que no pueden ser liberados en sus propios países”.

Amnistía Internacional aseguró que cerca de 50 de los detenidos no pueden ser enviados a sus países de origen porque “correrían el riesgo real de transformarse en víctimas de violaciones a los derechos humanos tales como la tortura o el maltrato”.

Estos prisioneros son oriundos de países entre los que se incluyen China, Libia, Rusia, Túnez y Uzbekistán.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) urgió a Barack Obama a anunciar el cierre de Guantánamo el primer día de su presidencia.

Sin embargo, la Casa Blanca, que se demoró años en desarrollar la política actual para Guantánamo después de los constantes desafíos legales, se ha mostrado más escéptica, sugiriendo que es más fácil hablar de su clausura que ponerla en práctica.

Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca, dijo: “Hemos tratado por todos los medios de explicar lo complicado que es. Cuando sacas a la gente que tiene un pasado terrorista del campo de batalla no es tan fácil dejarlos ir”.