Noticias de Oriente Medio.

El octavo aniversario de la invasión de Afganistán sirvió ayer para ilustrar cómo una guerra que él mismo calificó como necesaria está poniendo a prueba al presidente Obama como comandante en jefe de Estados Unidos. Ante el trascendental dilema de enviar todavía más tropas para contener a un enemigo que sobre el terreno ha logrado tomar la iniciativa, el presidente ha optado por una profunda revisión estratégica del conflicto que hasta la fecha se ha cobrado la vida de 869 militares del Pentágono y otros 577 soldados aliados.

Con una decisión esperada para finales de octubre, toda la plana mayor de seguridad nacional se volvió a reunir ayer en la «Situation Room» de la Casa Blanca, el famoso puesto de mando multimedia para crisis. Con otra cita adicional prevista para este viernes. En un frente más político, Obama también recibió el martes a la cúpula del Congreso para abordar la cuestión de Afganistán y sus implicaciones presupuestarias. Encuentro en el que los republicanos fueron más explícitos a la hora de respaldar adicionales sacrificios militares.

De acuerdo a las abundantes filtraciones sobre la reunión del presidente con treinta destacados parlamentarios de ambos partidos, Obama se habría declarado partidario de una opción intermedia. Con un explícito rechazo a recortar sustancialmente el contingente militar de EE.UU. en Afganistán, que él mismo reforzó el pasado febrero hasta los 68.000 soldados. Y sin disposición tampoco a que los esfuerzos en el teatro de operaciones afgano se reduzcan exclusivamente a misiones antiterroristas.

Estas indicaciones de Barack Obama han reforzado las especulaciones sobre una decisión que podría incluir más tropas del Pentágono en territorio afgano. Pero sin llegar en ningún caso hasta los 40.000 efectivos adicionales sugeridos por el general McChrystal, principal responsable militar en Afganistán. Si la Casa Blanca opta por enviar entre 10.000 y 15.000 tropas de refuerzo, su misión se concentraría en la formación de fuerzas de seguridad locales.

Este despliegue se vería acompañado por un aumento de la campaña en curso contra Al Qaida y los talibanes dentro de Pakistán. En una visita realizada esta semana al Centro Nacional de Contraterrorismo, Obama reiteró su prioridad de luchar contra Al Qaida «donde quiera que echen raíces». Según el presidente, «estamos desarrollando la capacidad y la cooperación para negar santuarios a cualquiera que amenace a Estados Unidos y sus aliados».

En un comentado discurso pronunciado la semana pasada en Londres, el general McChrystal indicó que a su juicio una opción intermedia no serviría de mucho para cambiar el «status quo» en Afganistán. Pronunciamiento público que ha molestado en la Casa Blanca y que ha llevado a que el secretario de Defensa, Robert Gates, recalque la necesidad de discreción a todos los participantes en el debate afgano.

El fraude electoral de Karzai.

Dentro de esta complicada disyuntiva para la Casa Blanca también se está dejando notar el creciente escándalo sobre un masivo fraude electoral en la reelección de Hamid Karzai al frente del precario gobierno de Kabul.

Sospechosas cifras de participación en los disputados comicios presidenciales celebrados en el pasado mes de agosto están dando fuerza a las acusaciones de un desmoralizador «pucherazo» en Afganistán. Ya que de acuerdo a datos confidenciales de la ONU divulgados ayer por el «Washington Post», en algunas provincias afganas las papeletas contabilizadas superarían en 100.000 o más al número anticipado de votantes.

Dentro de estos nuevos indicios sobre sustanciales prácticas fraudulentas, en la cita electoral de agosto se registraron en la provincia sureña de Helmand un total 134.804 sufragios, de los cuales 112.873 fueron a favor del presidente Karzai. Sin embargo, las propias estimaciones de participación elaboradas por la ONU únicamente anticipaban entre 5.000 y 38.000 votantes.

A la vista del escándalo que causaron los informes de la CIA sobre el uso de la tortura, Barack Obama optó ayer por bloquear la próxima desclasificación de fotos igualmente comprometedoras de algunos de los interrogatorios más enérgicos llevados a cabo en las cárceles secretas contra presuntos sospechosos de Al Qaeda, en un espectacular cambio de estrategia que despertó aún más polémica.

El mes pasado, la Casa Blanca, en un gesto de apertura y transparencia, autorizó la desclasificación de este material que debía hacerse público el próximo día 28.

Ayer optó por dar marcha atrás. “La publicación de estas fotos no añadiría nada a las investigaciones”, dijo Obama en unas breves declaraciones, “sólo encenderían los ánimos anti americanos”. El mandatario añadió que las imágenes eran parte “de casos ya cerrados” y no eran “especialmente sensacionalistas aunque sí representaban violaciones del código de conducta militar”, abusos, insistió Obama, “que son inaceptables y no se tolerarán”.

Los mismos argumentos esgrimidos antes por el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en un desesperado intento por mantener cierta consistencia en la postura del Gobierno. El presidente Barack Obama “considera que las fotos podrían perjudicar la seguridad nacional y ser una amenaza para las tropas”, dijo Gibbs, y “no añaden nada a las investigaciones pendientes”.

Obama, informó Gibbs, ha pedido a sus abogados que vuelvan a los tribunales para antes del 8 de junio, cuando acababa el plazo exponer en un nuevo recurso “estos nuevos argumentos”, al estimar que la publicación del material gráfico supondría “añadir sensacionalismo” a la labor del Departamento de Defensa que investiga los abusos.

Obama se reunió la semana pasada con el equipo encargado de coordinar el asunto y les contó sus inquietudes tras hablar con los responsables militares en Irak y Afganistán

Con el ambiente ya caldeado por la reciente desclasificación de los informes de la CIA, Washington quería evitar que se repitiera la polémica que generaron las fotos de la cárcel de Abu Ghraib en 2004.

La discusión parece haber sido muy intensa en la Administración. El mes pasado, el secretario de Defensa, Robert Gates, se mostró preocupado por las fotos y aseguró que sólo podrían generar más violencia entre los grupos terroristas.

La batalla se librará ahora en los tribunales. El pasado 23 de abril el Pentágono llegó a un acuerdo con la Asociación de Derechos Civiles (ACLU en inglés) que desde 2003 venía pidiendo la desclasificación de este material al amparo de la Ley de Libertad de Información, al igual que lo hiciera con los informes de la CIA.

Las fotos, 44 instantáneas procedentes de 66 casos investigados por el Pentágono y tomadas entre 2001 y 2006, muestran maltratos cometidos por soldados contra detenidos por terrorismo, aunque aparentemente no son tan brutales como las de Abu Ghraib.

En total, el Pentágono ha tomado medidas disciplinares contra 400 de los suyos, desde la detención hasta la simple reprimenda, por haber maltratado a prisioneros.

En las últimas semanas, Obama fue muy criticado por los conservadores y por el ex vicepresidente Dick Cheney, invisible cuando estaba en Washington, omnipresente en los medios desde que ya no ejerce el poder, por su política de transparencia.

En una carta conjunta, los senadores Joseph Lieberman y Lindsey Graham, próximos al ex candidato presidencial, John McCain, pidieron a Obama que no hiciera públicas unas fotos que sólo podían “contribuir a las operaciones de propaganda de Al Qaeda y dañar la imagen de nuestro país”.

Presionado por ambos bandos del espectro político, la decisión de ayer ha puesto a Obama en la paradójica situación de tener que proteger las prácticas cometidas por el equipo de su predecesor y de las que tanto quería desmarcarse.

La Asociación de Libertades Civiles criticó duramente el cambio de postura de Washington. “Estas fotos iban a demostrar que los abusos cometidos contra los prisioneros se llevaron a cabo de forma sistemática dijo Jameel Jaffer, director del proyecto de Seguridad Nacional de la organización “y crean una cultura de impunidad. Es imperativo que los oficiales que autorizaron este abuso de poder sean juzgados por sus actos”.

El próximo presidente de EEUU, Barack Obama, se ha puesto el cierre de la prisión en Guantánamo y el fin del uso de la tortura como unas de las metas a alcanzar antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2010, ha dicho en una entrevista con la revista Time.

Preguntado sobre cómo se podrá medir el éxito de su Administración dentro de dos años, Obama ha respondido que la medida será esta: “Si hemos cerrado Guantánamo de una manera responsable, hemos puesto un fin inequívoco a la tortura y hemos restaurado el equilibrio entre las exigencias de nuestra seguridad y nuestra Constitución”.

Reducción de tropas.

Los ciudadanos también podrán evaluar su trabajo al observar: “Si he reducido las tropas en Irak y si hemos fortalecido nuestros planteamientos en Afganistán, no solo en lo militar sino también en lo diplomático y en cuanto al desarrollo” económico.

“Si hemos podido reavivar las instituciones internacionales para hacer frente a los peligros transnacionales, como el cambio climático, que no podemos solucionar nosotros solos”, también se sabrá que habrá alcanzado una meta, según ha dicho a Times.

La revista publica la entrevista en su último número, en que nombra a Obama “la persona del año”.

En la primera entrevista que concedió a un canal de televisión desde las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos prometió -entre otras cosas- cerrar el centro de detención de Guantánamo, en la isla de Cuba.

“He dicho reiteradamente que EE.UU. no tortura y me aseguraré de que no torturamos”, afirmó Obama.

¿Pero podrá él futuro ocupante del sillón presidencial pasar de las palabras a los hechos?

En término generales, la idea es abandonar los tribunales militares -aprobados por la Ley de Comisiones Militares de 2006- que funcionan en Guantánamo y reemplazarlos por un proceso judicial que se llevaría a cabo en EE.UU.

Al mismo tiempo, el gobierno tratará de encontrar países que estén dispuestos a recibir a los prisioneros que ya han recibido el visto bueno para su liberación.

El primero es un problema legal, el segundo, es de orden práctico.

Los problemas legales que acarrean los procesos contra las personas acusadas de cometer actos de terrorismo aún no han sido resueltos. Hay quienes sostienen que los prisioneros deberían sencillamente ser juzgados en tribunales estadounidenses normales.

Se estima que entre los aproximadamente 255 prisioneros que están en Guantánamo, unos 50 podrían ser sometidos a juicio.

El problema es que la evidencia en su contra pudo haber sido obtenida mediante coerción o incluso tortura, o a través de las agencias y servicios de inteligencia extranjeros que han empleado métodos similares.

Parte de esta evidencia podría ser admitida en un juicio ante un tribunal militar. También podrían admitirse “rumores”, en los que alguien declara lo que otra persona le dijo si es que el juez militar decide que este testimonio tiene “valor probatorio para una persona razonable”.

Khalid Sheikh Mohammed fue interrogado con el “método submarino” y hallado culpable.

Sin embargo, nada de esto es aceptable según las reglas de un tribunal estadounidense normal.

Khalid Sheikh Mohammed, por ejemplo, quien fuera hallado culpable en Guantánamo de ser responsable de los atentados del 9/11, fue sometido al “método del submarino” o “tormento de TOCA”, una controvertida táctica de interrogación que simula el ahogamiento.

Lea también: ¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed?

Es verdad que él expresó su deseo de morir, pero un tribunal civil en EE.UU. no admitiría evidencia contra Mohammed recopilada en Guantánamo.

¿Y entonces cuál será su suerte? Sería raro que sencillamente lo liberen.

También está el problema de si se le debe ocultar o no al prisionero la fuente que aportó parte de la evidencia.

Sistema híbrido

La idea que propuso uno de los asesores legales de Barack Obama, Laurence Tribe, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, es explorar la posibilidad de utilizar una mezcla de tribunales civiles y corte marciales.

“Tendría que ser una suerte de sistema legal híbrido, más que un tribunal ilegal”, dijo Tribe.

Creo que la respuesta será, que pueden estar tan bien vigilados en territorio estadounidense como en cualquier otra parte. No podemos poner a la gente en un calabozo para siempre sin determinar que merecen estar ahí

“Creo que la respuesta será, que pueden estar tan bien vigilados en territorio estadounidense como en cualquier otra parte. No podemos poner a la gente en un calabozo para siempre sin determinar que merecen estar ahí”.

Si el sistema híbrido que se está considerando no se distancia de los tribunales militares, será criticado con el argumento de que lo que se hizo fue sencillamente, trasladar Guantánamo a Estados Unidos.

Un sistema nuevo también sería analizado por los tribunales estadounidenses y si presentan el caso, es muy probable que llegue hasta la Corte Suprema para que decida sobre su constitucionalidad.

Es muy probable también que exista una oposición política y legal al establecimiento de cualquier sistema nuevo para tan pocos casos.

Problemas prácticos

Mientras tanto, está pendiente la pregunta de qué hacer con los prisioneros cuya liberación ya ha sido aprobada. También hay otro grupo que permanece en un limbo: aquellos contra los que no hay suficiente evidencia en su contra ni tampoco la confianza de que no tomarán el camino de la violencia.

A pesar de que EE.UU. ha hechos esfuerzos considerables, no ha logrado persuadir a los países de origen de los sospechosos que han sido declarados inocentes para que los reciban.

Con frecuencia, los prisioneros se oponen a sus propios gobiernos tanto como al de EE.UU. y son considerados una amenaza en sus mismos países.

Cinco organizaciones de derechos humanos han propuesto que aquellos prisioneros a los que sus propios países rechazan sean admitidos por los gobiernos europeos o por EE.UU.

Daniel Gorevan de Amnistía Internacional dijo que “el presidente electo Obama ha dicho que cerraría (Guantánamo). Otros gobiernos pueden contribuir a que esto suceda ofreciendo protección a los individuos que no pueden ser liberados en sus propios países”.

Amnistía Internacional aseguró que cerca de 50 de los detenidos no pueden ser enviados a sus países de origen porque “correrían el riesgo real de transformarse en víctimas de violaciones a los derechos humanos tales como la tortura o el maltrato”.

Estos prisioneros son oriundos de países entre los que se incluyen China, Libia, Rusia, Túnez y Uzbekistán.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) urgió a Barack Obama a anunciar el cierre de Guantánamo el primer día de su presidencia.

Sin embargo, la Casa Blanca, que se demoró años en desarrollar la política actual para Guantánamo después de los constantes desafíos legales, se ha mostrado más escéptica, sugiriendo que es más fácil hablar de su clausura que ponerla en práctica.

Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca, dijo: “Hemos tratado por todos los medios de explicar lo complicado que es. Cuando sacas a la gente que tiene un pasado terrorista del campo de batalla no es tan fácil dejarlos ir”.